La convocatoria de la oferta de formación del
año 2016 ha significado un fracaso, otro más, en la larga lista de
desaciertos del Gobierno en esta materia. La incapacidad de la
Administración para realizar una asignación eficiente de los recursos
disponibles se pone de manifiesto, no sólo porque no se ha agotado el
presupuesto (64 millones de euros de excedente, el 26% de los fondos
disponibles) sino también en una oferta formativa desequilibrada
sectorialmente, que deja sin cursos a aquellas ramas productivas que no
resultan rentables para las academias privadas, bien porque requieren
instalaciones y profesorado especializados, bien porque no cuentan con
gran número de potenciales alumnos.
Por
otra parte, la tramitación de las solicitudes de ayudas de 2016 dura ya
nueve meses, tres más de lo previsto. Es difícil saber a qué se debe
este retraso, pues la información que se ha proporcionado a los agentes
sociales ha sido tan escasa, que les ha impedido desarrollar las
funciones que tienen encomendadas en la Ley 30/2015. De hecho, la casi
enfermiza falta de transparencia de esta Administración está permitiendo
a algunas entidades obtener beneficios económicos de su supuesto acceso
privilegiado a datos y procesos.
Paradójicamente, desde que, en
el año 2015, se inició la denominada concurrencia competitiva se ha
reducido el número de solicitantes de ayudas y ha aumentado la
concentración de subvenciones” en grandes consultoras. Como muestra el
gráfico, 19 entidades obtienen el 30% de los fondos disponible (55,9
millones de euros) con una ayuda media de casi tres millones por
entidad. En el extremo contrario, 287 se reparten 19 millones de euros,
con una ayuda media de 67 mil euros (43 veces inferior). Lo curioso es
que muchas de esas entidades son grandes consultoras que apenas disponen
de aulas y plataformas de teleformación propias. Se limitan a alcanzar
“acuerdos de disponibilidad” con pequeñas academias a las que atraen con
su supuesto conocimiento experto de las convocatorias y a las que, una
vez cobrada la ayuda, someten a sus “reglas”. En ocasiones la pequeña
academia cobra mucho después de que la consultora solicitante reciba la
ayuda; en otras, tiene que pagar un porcentaje de lo que le
correspondería.
Además, faltas de conexión con el sector al que
dirigen, estas entidades ofrecen masivamente cursos generalistas en
modalidad online (80%). Los informes de la FUNDAE demuestran
que este tipo de formación es la menos valorada por los alumnos y la
que menor impacto tiene en su desarrollo profesional.
CCOO ha
denunciado en muchas ocasiones la situación de provisionalidad y
desorden que vive la formación para el empleo desde la aprobación de la
Ley 30/2015 de reforma urgente del Sistema de formación para el empleo
en el ámbito laboral. La falta de desarrollo normativo, el descenso en
el número de empresas y trabajadores/as que realizan cursos, el destino
de fondos de la cuota de FP a otras finalidades y el fracaso de las
convocatorias de Oferta y Jóvenes, han deteriorado enormemente el
sistema.
Por ello, CCOO considera imperativo crear una oferta de
formación para el empleo de calidad a través de la red de centros
públicos de formación profesional, pues no hay otra forma de garantizar
el derecho de los trabajadores a mejorar sus competencias y cubrir la
necesidad de las empresas de mano de obra cualificada. El gobierno,
visto el completo fracaso de su reforma, debería volver a la casilla de
salida y acordar con los agentes sociales un sistema de formación para
el empleo que atienda las exigencias de empresas y trabajadores, en vez
atender las de las grandes consultoras de formación.
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