En los últimos años se han acentuado las carencias del sistema de
protección social, especialmente en el caso de las prestaciones
destinadas a las personas en desempleo, que ha sufrido importantes
recortes, tanto en número de beneficiarios como en el importe de las
prestaciones. Esta es una de las principales conclusiones del informe
“El Sistema de Protección Social en España 2017”, que ha presentado hoy
en rueda de prensa la Secretaría de Políticas Públicas y Protección
Social de CCOO, y en el que se analizan los distintos ámbitos de
protección social (Seguridad Social y pensiones, protección por
desempleo, Sanidad, Dependencia, Renta Mínima y Previsión Social
complementaria).
El sistema de Seguridad Social, las pensiones, es el que mejor ha
resistido los efectos de la crisis económica – “no obstante, hay que
mejorar los ingresos para mantener la calidad y el poder adquisitivo de
las pensiones” -, pero otros como la protección por desempleo ha sufrido
importantes recortes, tanto en su nivel de cobertura como en la
intensidad de las prestaciones, ha explicado Carlos Bravo, secretario
confederal de Políticas Públicas de CCOO, quien ha declarado que “cada
año se ha reducido el presupuesto, de una forma que no se corresponde
con el volumen y necesidades de los desempleados”. El resultado: el 43%
de las personas paradas están excluidas de la protección.
Además
de los recortes en el sistema de desempleo, Carlos Bravo ha denunciado
los recortes de gasto público en la Sanidad, lo que ha supuesto la
pérdida de camas hospitalarias y profesionales, así como el aumento de
la factura farmacéutica por el copago y la exclusión de centenares de
medicinas de la financiación pública. “Estamos ante un proceso lento y
silenciosos de privatización”, señaló. El empeoramiento del sistema
sanitario se pone también de relieve en la exclusión de personas de la
atención, lo que niega la universalidad del sistema público sanitario.
Carlos
Bravo ha subrayado también que 650.000 hogares, en los que viven 1,3
millones de personas, carecen de ingresos. En consecuencia, “el 29,7% de
la población – 4 millones, el 48,5% de los desempleados - se sitúa en
riesgo de pobreza o exclusión”, destacó. “Esto hace imprescindible
aprobar la ILP para una Renta Mínima Estatal promovida por CCOO y UGT,
que se encuentra bloqueada en el Congreso tras 15 prórrogas para la
presentación de enmiendas”.
Para CCOO, concluyó, “es evidente que
es necesario acometer una reforma integral del sistema de protección
social”, incluido el aumento de la financiación pública, algo
fundamental en lo referido la atención a la Dependencia, con 900.000
personas que no reciben prestación. ”Preservar el sistema de pensiones,
revertir la reforma del sistema de desempleo de 2012 y la aprobación de
una renta Mínima Estatal”, son los objetivos de CCOO.
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